Por: Zara Snapp (@zarasnapp)

El sistema internacional del control de la droga es un tema que se ha estado debatiendo cada vez más en cumbres internacionales y reuniones a nivel nacional y regional. La actual guerra contra las drogas no ha dado los efectos esperados de proteger a la salud, y al contrario, ha generado violencia, violaciones a los derechos humanos, la expansión de un mercado criminal ilícito, y lo más importante, la falta de protección hacia los ciudadanos.

Es evidente que la política internacional de fiscalización de drogas no ha logrado sus objetivos de reducir ni la producción, ni el tráfico, ni el consumo de las sustancias ilícitas. En abril de este año, se llevó a cabo la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS por sus siglas en inglés) sobre “el problema mundial de las drogas”, en la cual, los 193 países miembros de la ONU, tuvieron la oportunidad de dar seguimiento a las medidas que cada país aplica en esta materia.

Desgraciadamente, la reunión no logró poner fin a las políticas prohibicionistas que han hecho tanto daño a la humanidad. En este tipo de reuniones de la arena internacional, al momento de tomar decisiones, existen ganadores y perdedores, como en cualquier arena, aquellos que ganan son los que han logrado establecer sus intereses, afectando directamente a los perdedores. UNGASS es un ejemplo de esto y de que puede ser mucho más fácil mantener el estatus quo que proponer nuevas estrategias.

Aunque los Estados miembros de la ONU acordaron producir “un documento breve, sustantivo, conciso y orientado a la adopción de medidas” que proponga “el modelo de abordar los desafíos de larga data y los nuevos desafíos en la tarea de hacer frente al problema mundial de las drogas”[1], el documento de resultados redactado no refleja lo mismo. Al reafirmar que las tres convenciones internacionales de drogas son la “piedra angular de la política global de drogas”, el documento sostiene un estatus quo legal inaceptable y anticuado. De este modo, la resolución retrasó la urgente necesidad de cambiar nuestras políticas hacia unas más centradas en la salud pública, los derechos humanos, y el bienestar de la humanidad.

UNGASS ha terminado, pero los acuerdos establecidos siguen siendo sujetos a evaluación. En la decisión tomada por la Asamblea General evidentemente existen ganadores y perdedores. Los ganadores, son aquellos que sus intereses se ven beneficiados por mantener el sistema internacional del control de la droga, y hay perdedores, que incluyen países y grupos vulnerados, víctimas de la corrupción, violencia y violaciones de derechos humanos características de las políticas punitivas dentro del marco de la guerra contra las drogas. Además existen todos los otros intereses oscuros que buscan mantener estados de guerra.

El primer y principal ganador es Estados Unidos. El país en el que 24 estados (más Washington D.C.) han legalizado el cannabis para fines medicinales, y en el que cuatro estados han permitido su uso para fines personales, es y ha sido uno de los principales promotores de la guerra internacional contra las drogas. Michael Botticelli, el Director de la Oficina Nacional de Políticas para el Control de Drogas (ONDCP por sus siglas en inglés), durante su discurso en UNGASS explicó que “los Estados Unidos apoyan fuertemente la reforma a la política de drogas dentro del marco de las tres convenciones de Naciones Unidas. Reformas críticas, como la provisión de un mejor acceso al tratamiento y aproximaciones menos punitivas en nuestros sistemas de justicia, lo cual está explícitamente permitido por las Convenciones”[2].

De este modo, el país logró establecer su posición moderada como espectador y no como agente de cambio, utilizando el argumento de la flexibilidad para defender las reformas actuales en su país y evitar cuestionamientos por parte de la comunidad internacional sobre la regulación de los mercados de cannabis actualmente en curso en sus estados. Aunado a esto, el país logró adoptar el documento de resultados sin crear nuevos indicadores para mejor medir el impacto de las políticas de control de drogas. Sin embargo, a pesar de esto, es necesario recordar que la política federal en la materia es punitiva, y no se ha abierto a la regulación nacional del mercado de cannabis.

Asimismo, Estados Unidos invirtió esfuerzos durante todo el proceso de UNGASS para presionar a algunos Estados – particularmente países latinoamericanos y caribeños– para no pronunciarse explícitamente a favor de una reforma a la política internacional. Durante el proceso de UNGASS, Estados Unidos mostró su compromiso absolutista frente al estatus quo internacional, aún cuando un creciente número de estados a su interior demuestran lo contrario.

El segundo ganador es la Junta preparatoria de UNGASS. La Junta fue encomendada por la Comisión de Estupefacientes (CND por sus siglas en ingles) para organizar todas las actividades preparatorias para la Sesión Especial, abordando todas las cuestiones sustantivas y de organización, según de una manera abierta. Dicha Junta fue electa basándose en una distribución regional de la 57ª sesión de la CND, y estaba presidida por el embajador de Egipto e incluía a otros representantes de países como Hungría, Portugal, Irán, Afganistán, Colombia y El Salvador.

Aunque los insumos presentados para el borrador cero de resultados incluían varias propuestas, desgraciadamente la Junta logró censurar el documento resultante de las negociaciones en Viena, filtrando los cambios propuestos por los Estados miembros, las agencias de la ONU y las organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, en conjunto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), adoptaron el documento de resultados el primer día de UNGASS, en lugar de hacerlo el tercero y último día de la sesión, como sería lo habitual y estaba previsto en el programa provisional. Lo anterior no permitió que se generara un “debate abierto y de gran envergadura, que considere todas las opciones disponibles”, tal y como lo había propuesto el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. La Junta preparatoria de la UNGASS y la UNODC, una vez más lograron mantener su posición conservadora y prohibicionista ante la comunidad internacional.

En tercer lugar, son ganadores los Estados miembros que tienen entre sus represivas políticas la pena de muerte por delitos relacionados con drogas. Entre esos Estados se encuentran: China, Indonesia, Singapur, Yemen, Malasia, Pakistán, Egipto, Arabia Saudita, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahrein, Irán y Sudán. A pesar de que el Sistema de Naciones Unidas y la mayoría de los Estados miembros de la ONU han reprobado el uso de la pena de muerte por delitos relacionados con drogas, éstos países no han cedido para aplicar políticas menos represivas y más humanas. Al respecto, durante la plenaria de apertura de UNGASS, el representante de Indonesia, reiteró que “no existe un consenso internacional respecto a la pena de muerte (…) es un asunto de soberanía las decisiones en la materia. Cada Estado tiene el derecho soberano de decidir lo que considera mejor para sus intereses[3]”, celebrando la adopción del documento de resultados, y recibiendo el apoyo de los países arriba mencionados. Este mes, Indonesia empezó los tramites para ejecutar 10 presos más por delitos de drogas.

Los anteriormente puntualizados son los evidentes ganadores de UNGASS. Son las fuerzas que lograron sostener el estatus quo. Dichos actores son los que lograron poner los cimientos detractores de la posibilidad de implementar una política internacional de drogas efectiva, que logre abordar el problema desde una perspectiva de reducción de daños, centrándose en la salud pública y los derechos humanos. Lo anterior, tiene repercusiones significativas, para por supuesto, los perdedores de UNGASS.

América Latina es una de las regiones que más ha sufrido los devastadores daños de la guerra contra las drogas, y por lo tanto, el principal perdedor de UNGASS. Aunque la región solo representa el 8% de la población mundial, ésta cuenta con el 33% de los homicidios globales. La corrupción inmersa en el gobierno y las instituciones comunitarias, significan que el Estado de derecho es generalmente débil e incapaz de generar presión contra las organizaciones criminales. Aunque existen muchos factores que contribuyen a la violencia y la fragilidad institucional, un factor elemental es, y continúa siendo, la política punitiva frente a las drogas en la región y una falta de control de estos mercados por parte de los Estados.

En segundo lugar, está la sociedad y los grupos de víctimas del sistema de fiscalización internacional de la droga. A pesar de que existan países ganadores, como los mencionados, sus habitantes se ven perjudicados por el documento de resultados adoptado en la UNGASS. Las más de 1000 personas ejecutadas cada año por ofensas relacionadas con drogas[4], las 660,000 personas que contraerán VIH este año por compartir jeringas para consumir drogas a falta de programas nacionales de reducción de daños[5], el 60% de las mujeres encarceladas en América Latina por delitos relacionados con drogas[6], y los cientos de sectores vulnerados en el mundo víctimas de la guerra contra los drogas, a los que se les seguirán violando sus derechos humanos.

Estos son aquí presentados como los perdedores en segundo lugar de UNGASS, porque así lo ha hecho la comunidad internacional. La política internacional del control de la droga ha puesto en segundo plano el bienestar social, no ha sumado esfuerzos por generar políticas efectivas a favor de la salud pública y los derechos, aunque en realidad, sean estas personas los principales perjudicados.

A pesar de existir ganadores y perdedores en UNGASS, la situación amerita hacer mención a aquellos que no ganaron, ni perdieron, sino se consolidaron, y dieron un paso adelante.

Por un lado, está la sociedad civil reformista, la cual se encuentra ahora más preparada para enfrentar a los actores detractores de una reforma, por medio de la implementación de programas de reducción de daños y generando propuestas a nivel local, nacional e internacional para una reforma. El movimiento reformista se diversificó y ahora cuenta con el apoyo de movimientos sociales de desarrollo sostenible, derechos humanos, justicia penal y género. Asimismo, se encuentra la conformación de un grupo de países afines como Colombia, Guatemala, Jamaica, México, Noruega, Países Bajos, Suiza, Uruguay, entre otros, que están contemplando esfuerzos y estrategias para tener un frente fortalecido que sobrepase las posturas de países prohibicionistas para establecer una política de drogas internacional más humana y eficiente.

Existe ya un camino por el que pueden seguir los grupos de la sociedad civil y los países convencidos de que se deben generar políticas de drogas centradas en la seguridad comunitaria, los derechos humanos, y por supuesto, en los ciudadanos. UNGASS es solo un paso más con el que dichos grupos pudieron aprender y fortalecerse. El mundo está cambiando y se está dando cuenta que las políticas prohibicionistas han fracasado. Los pasos son pequeños, pero no significa que el resultado no vaya a ser gigantesco.

* Zara Snapp es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Colorado en Denver y maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard. Es autora de Diccionario de Drogas [Ediciones B, 2015] y trabaja para la Comisión Global de Políticas de Drogas. La autora agradece a Jorge Herrera su aportación y apoyo.

[1]Resolución 58/8 de la CND: “Periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre el problema mundial de las drogas que se celebrará en 2016”.

[2]Estados Unidos. Naciones Unidas. UN Meetings. Disponible aquí.

[3] Indonesia. UNGASS Opening Statement. CND Blog. Disponible aquí.

[4] Gallahue, P. and Lines, R., ‘The Death Penalty for Drug Offences: Global Overview 2010′, 2010.

[5]Pronóstico calculado considerando que las personas que se inyectan drogas representan aproximadamente la tercera parte de las nuevas infecciones de VIH que se producen fuera del África subsahariana y que 2 millones de personas contraen el virus anualmente. Para más información consulte aquí.

[6] Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento en las Américas. Advocacy for Human Rights in the Americas (WOLA). 2 de febrero de 2016. Disponible aquí.