To add to the interviews I did last week, below is an interview that speaks about the drug war in Mexico and particularly about the Movement for Peace with Justice and Dignity and the importance of hearing their calls for reform.
Varias plantas en el centro de crecimiento de marihuana de O Pen Vape, en Denver (EEUU). Foto: Laressa Watlington, Efe
Investigadora en políticas de drogas evalúa posibles cambios a nivel internacional a partir de experiencias de despenalización.
Zara Snapp es mexicana, pero vivió en el estado de Colorado, Estados Unidos, desde los nueve hasta los 25 años. Hizo la licenciatura en Políticas Públicas en Colorado y más adelante la maestría en Harvard, y se ha especializado en investigación en políticas de drogas, además de trabajar en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad de México, que nuclea a familiares de víctimas de la guerra contra las drogas. Desde México, evaluó los cambios que implica la propuesta de regulación de la marihuana aprobada en Uruguay y la recién estrenada legalización de la marihuana recreacional en Colorado. Asegura que los cambios en materia de
política de drogas deben surgir desde América Latina.
Aunque ya no vive en Colorado, su familia todavía reside allí. Snapp se ha dedicado a hacer un seguimiento de cómo ha funcionado en los primeros días la venta de marihuana para usos recreativos en ese estado. El primer día, las 24 tiendas que tienen licencia para comercializar marihuana tuvieron ventas por un millón de dólares. Cuenta que, aunque todavía persisten las largas filas en los comercios, todo se ha desarrollado con normalidad. “Uno de los dueños me comentó que el único problema fue que una persona que estaba muy borracha intentó sumarse a la fila”, apuntó. En Colorado, los no residentes pueden comprar marihuana, pero en menos cantidad que los residentes. Snapp estima que eso provocará un aumento del turismo en general. “Lo mismo ha pasado con la marihuana medicinal: mucha gente ha ido a Colorado, muchos padres con hijos con epilepsia”, comentó.
La académica considera que la propuesta de regulación de la marihuana que aprobó Uruguay “está muy bien hecha”, ya que desde el inicio “incluyeron a muchos actores que podrían tener una perspectiva diversa sobre el tema”. “Siento que el debate se profundizó mucho, Uruguay hizo su trabajo”, aseguró. Consideró que “la gran diferencia” con la forma de regulación en Holanda o los clubes cannábicos en España está en que Uruguay propone regular “todo el mercado”, no sólo despenalizar el consumo.
Snapp le augura éxito a la iniciativa, principalmente porque considera que la mayor parte de los consumidores de cannabis “van a querer tener un producto de mejor calidad, van a querer tener ciertos derechos, van a querer poder exigir algo de las autoridades y de las instituciones y no estar arriesgándose y poniéndose en situaciones vulnerables. La gente que consume se va a sentir mucho más segura”, por lo que estima que se reducirá el mercado ilegal de marihuana. Asegura que el hecho de que el precio de la marihuana vaya a ser similar a la del mercado negro también colabora con esto. “Mucha gente va a cambiar totalmente su mercado. En Colorado lo vamos a ver. Si puedes disminuir ese mercado del 100% al 10%, es un gran logro”, dice.
Las víctimas
Desde una realidad distinta a la uruguaya, la académica y activista enfatiza que el debate sobre política de drogas debe ser un debate sobre derechos humanos, en el que se deben tomar en cuenta las consecuencias de la guerra contra las drogas. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad surgió con fuerza en México en 2011, después de que el hijo del poeta mexicano Javier Sicilia y seis amigos fueran asesinados por bandas del crimen organizado. En ese entonces se hizo una marcha en silencio con más de 100.000 personas desde Cuernavaca (estado de Morelos) hasta Ciudad de México. Así surgió el “movimiento más importante de víctimas, que empezaba a hablar de cambiar la estrategia de militarización, de cambiar la política de drogas y de construir una ruta hacia la paz y construir la memoria, a diferencia del gobierno, que ha trabajado en disminuir el valor de la gente que ha muerto, porque dicen: ‘Seguro estaba involucrado en algo’. Es dar rostro y voz a las víctimas que hemos tenido en México”.
La guerra contra las drogas, la confrontación militar al crimen organizado, se vive efectivamente como una guerra en muchos estados mexicanos. “No hemos podido enseñar, ni a México ni al mundo, que le puede pasar a cualquiera, que no tiene que ver con tu ocupación o el estatus socioeconómico, sino que estamos en una guerra”, explica Snapp. Las estimaciones señalan que en el primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto hubo más de 18.000 muertes por violencia, muchas de las cuales son consecuencia del crimen organizado o del conflicto entre las autoridades y el crimen organizado.
En México hay “varios estados en los que el gobierno no está funcionando, por el poder que tiene el crimen organizado”, señala Snapp, problema que desde hace años pone en cuestionamiento al gobierno mexicano. La pregunta, desde la perspectiva de quienes trabajan en política de drogas, tiene que ver con la alternativa planteada por Uruguay: “¿Cómo puedes quitar los medios que ellos [el narcotráfico] tienen para que los recursos del gobierno vayan a los crímenes que afectan en realidad, en vez de estar enfocados en la incautación, en la persecución de usuarios de sustancias? ¿Cómo separar eso y dar más recursos a las comunidades afectadas [por los secuestros, los homicidios y las consecuencias de la violencia]?”. Lo difícil, según la especialista, es pensar cómo aplicar una propuesta de regulación como la uruguaya a un país con más de 120 millones de personas y un narcotráfico mucho más poderoso. “Pero al mismo tiempo el gobierno regula muchos productos del mercado, y es mejor poner confianza en el Estado que en el narcotráfico”, señala.
Desde acá
En 2016 habrá una sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas para discutir la política de drogas, solicitada por Guatemala, México y Colombia. “La última fue en 1998 y entonces se hablaba de ‘un mundo sin drogas’. Muchos años después, vemos que no ha funcionado la estrategia, y ahora tenemos varios países desafiando los tratados. El trabajo que Uruguay está haciendo en anticipación a esa reunión creo que es muy importante”, señala Snapp. Los países que solicitaron la reunión ahora deben presentar nuevas propuestas y construir la agenda, que para la activista tiene que apuntar a “hacer que los derechos humanos sean superiores al control de drogas, no enfocarnos en cómo controlar las sustancias”.
Destaca también el trabajo de la Organización de Estados Americanos, que ha puesto en discusión varias propuestas sobre políticas de drogas, y espera que los países de América Latina puedan “ser pioneros” en llevar una propuesta unificada, “para que se entienda que es la región más afectada por la guerra contra las drogas”. “Las convenciones y los tratados no están funcionando, no son relevantes. El tratado más importante es de 1961 [la Convención Única sobre Estupefacientes], y estamos en un mundo muy distinto: son mercados globalizados, que es necesario confrontar a nivel internacional, con países corriendo riesgos y afirmando que van a hacer algo distinto”, asegura. Destaca que Bolivia fue el primer país en “desafiar” la convención, al reclamar que se eliminara de la lista de estupefacientes la hoja de coca, por ser parte de su cultura. Considera que Uruguay “lo está haciendo ahora”, y espera que “tengamos otros países”. “Antes todos estaban de acuerdo, pero ahora están diciendo que no hay un consenso”.
En ese sentido, la experiencia que lleve el sistema de regulación uruguayo será importante. Snapp confía en que, “por lo que hemos visto con la marihuana medicinal, la iniciativa va a tener éxito y van a poder enseñar que no ha aumentado el consumo, que es lo que siempre dicen”. Asegura que las leyes que despenalizan el consumo “no tienen efectos de aumento de éste consumo”. Cita el caso de Holanda, donde el consumo de sustancias en jóvenes ha disminuido en comparación con el de Alemania y el de Portugal, donde a partir de la descriminalización de las drogas, que comenzó a aplicarse en 2001, el consumo de marihuana en jóvenes no ha aumentado.
