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Las semillas de la transformación: debemos preservar las variedades mexicanas de marihuana

por Zara Snapp en VICE:

https://www.vice.com/es_latam/article/ywyvmk/las-semillas-de-la-transformacion-debemos-preservar-las-variedades-mexicanas-de-marihuana

Tras obtener un amparo para cultivar, este es el proceso para conseguir las semillas de cannabis en México

Tener una planta de marihuana en casa ayuda a normalizar, a sensibilizar, y a darse cuenta de lo absurdo que ha sido la prohibición de estas plantas y sustancias psicoactivas. Hemos lanzando una guerra contra plantas, contra semillas, contra la naturaleza, y eso debe parar.

México pasa por un cambio de paradigma en materia de políticas de drogas, y este cambio se debe en gran medida a los esfuerzos de activistas y la sociedad civil: cada vez más gente se quiere sumar a la causa y más pacientes exigen sus derechos; al mismo tiempo, aumenta la frustración institucional causada por la falta de resultados de la política prohibicionista. Nos hemos movido de un debate moral hacía un debate basado en evidencia. La discusión ahora gira entorno a cómo se debe regular el mercado de cannabis, en vez de si debe o no hacerse.

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El camino no ha sido fácil: en 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó permisos a cuatro personas para cultivar cannabis para su consumo personal bajo los derechos de libre desarrollo de la personalidad y la autodeterminación. Los medios salieron a anunciar que ya se había legalizado la marihuana en México, pero fueron festejos prematuros. Para llegar a la jurisprudencia, necesitábamos cinco casos consecutivos, usando los mismos criterios legales, algo que no sucedió hasta el 31 de octubre de 2018. En esa primera decisión, el Ministro Zaldívar escribió una resolución cuestionando la prohibición absoluta de cannabis y reconociendo derechos constitucionales dentro del artículo primero de la Constitución. Empezó a crear una literatura jurídica sobre este tema.

Lo que no había era una mención de las semillas. Entonces la SCJN reconoció derechos, pero no dio instrucciones sobre como ejercer esos derechos en la realidad. El abogado constitucionalista, Andrés Aguinaco, quien llevó el caso del primer amparo para consumo, empezó a buscar nuevos quejosos, y así, matizo la ruta hacía la jurisprudencia.

Yo tuve la oportunidad de representar un caso con Andrés que fue atraído por la Segunda Sala de la SCJN. Puedes leer más sobre ese viaje aquí. El tema de las semillas fue central en mi caso. En la resolución, se solicita a un organismo del Estado el resolver la forma en la que serán adquiridas las semillas para mi consumo personal. Además de querer seguir impulsando la jurisprudencia y los escritos jurídicos, yo sí cultivo. Yo quería y quiero cultivar plantas legales.


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Después de lograr la resolución en mi caso (junto con dos otros quejosos), emprendimos la ruta para conseguir las semillas. Mi caso fue resuelto en julio 2018. En octubre 2018, recibimos los requisitos por parte de COFEPRIS para la importación de semillas: libros de control para registrar las transacciones de las semillas y del material vegetal que obtengo de las semillas, una solicitud de importación de las semillas, información sobre las semillas que compramos, incluyendo la variedad, la cantidad de semillas y la justificación de las semillas, un certificado taxonómico o de análisis de las semillas por parte del fabricante, información del proveedor del las semillas, e información del lugar donde voy a cultivar dichas semillas.

Después de meses de buscar, finalmente encontramos una empresa que nos ayudó con la gestión (La Cañameria Global) y a comprar las semillas por parte de un banco de semillas en Holanda: Dutch Passion. Aunque las compramos desde enero de 2019, todavía no las tengo. ¿Por qué? Los tramites nos lo han impedido hasta ahora. Yo sigo con la esperanza de que lo vamos a lograr, pero ha sido un gran aprendizaje para la regulación que queremos. Tampoco es que no existan semillas de marihuana en México. Tenemos múltiples variedades, y una extensa genética de semillas que deberíamos estar cuidando, explorando y mejorando. Yo guardo todas las semillas que tengo y me han salido plantas muy bonitas, aunque sigue siendo muy novata en el cultivo. Lo que no tenemos es una cultura del autocultivo de cannabis, por las altas penas legales asociadas con el cultivo. Sé que hay muchos cultivadores en México y que existe un conocimiento tradicional, pero desde mi experiencia, es poco común que una persona que consume cannabis, cultive para su auto abastecimiento.

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El mercado ilegal ofrece cualquier calidad de cannabis que una persona quisiera; desde onzas de 200 pesos a onzas de 2400. (Pueden tomar esta breve encuesta para ayudarnos a entender el rango de precios y calidad en el país). Cultivar es un lujo, germinar unas semillas para ver cuántas agarran, cuidarlas hasta ponerlas en la maceta, darles la mejor tierra, ver como crecen con el tiempo. Se convierte en un proceso y una apreciación única.

En la iniciativa sobre la regulación de cannabis en México, presentada por la entonces senadora Olga Sánchez Cordero y el senador Ricardo Monreal Ávila, no hay mención de las semillas. Algunos me han preguntado sobre eso y creo que es un punto importante. Al no hacer mención de las semillas, abrimos la posibilidad de que al día que publican la ley, todas las semillas que tenemos en México serían legales.

En vez de solo permitir la importación de ciertas variedades (algo que inhibe la innovación), México tendría la oportunidad de aprender de lo que ya tenemos. En lugar de pasar por un proceso lento y costoso para la creación de un registro y un banco único para la adquisición de semillas previamente autorizadas por el Estado, podríamos gozar de los beneficios que nos brinda la diversidad de semillas que existen hoy en día en el país.

Surgirían bancos de semillas en las universidades o desde el gobierno o el sector privado y sabríamos cuales son las variedades que más se dan en los climas de la Ciudad de México, Guanajuato, Veracruz, Sonora, Sinaloa, Guerrero, Michoacán y todos los estados donde quisieran (y donde están) cultivando. Podríamos pensar en bancos regionales de semillas e intercambios con otras latitudes.

Cannabis and Psychosis: a Critical Overview of the Relationship by Charles Ksir & Carl L. Hart

This weekend, two articles were published in anticipation of a book that will come out regarding cannabis, mental health and violence.  From what I have read, both the New York Times and the New Yorker article continue to perpetuate myths around cannabis (and drug use more generally), generating histeria and stigma against people who use drugs and those who advocate for responsible regulation.

The book ignores the numerous studies and data that have been generated over the past decades regarding psychoactive substances and their use.  It fails to recognize that the lack of research is directly related to prohibition and that we would, in fact, know much more if academics and researchers were provided easier access and funding to explore these fields.

One of the important myths to bust in this book is regarding the relationship between cannabis and psychosis.  In order to learn more (and with permission from Carl Hart), here is an article which provides a critical overview of the relationship. Ksir.Hart2016

Let’s continue to think critically but also be pragmatic and forward thinking about these issues.  It was quite disappointing to see an outlet such as the New Yorker promoting this sort of propaganda.  Responsible regulation for adults must be considered due to the possible harms and the possible benefits that these psychoactive plants and substances can provide to society. Mexico is unfortunately one of the most devastating examples of the urgent need for regulation.

Canadá defiende su política de regulación ante la CND

Creo que vale la pena leer los argumentos de Canadá para legalizar y regular estrictamente el mercado de cannabis para uso adulto ante la Comisión de Estupefacientes.  ¡Gracias al CND Blog por siempre mantenernos al tanto!

Canada would like to express its sincere appreciation for your efforts to guide us towards consensus on a work plan for the Commission’s preparations for the Ministerial segment in 2019. However, I take the floor today to discuss a different issue. Last week (on June 21), Canada’s legislation to legalize, strictly regulate, and restrict access to cannabis received Royal Assent. While the Cannabis Act is now law, it will only take effect on October 17, 2018, in order to give the provinces and territories in Canada time to prepare. At that time, individuals in Canada who are 18 years of age or older will be legally able to purchase, possess and consume limited amounts of cannabis, and authorized entities will be able to cultivate, produce, distribute and sell cannabis legally, under license. We recognize that the topic of cannabis legalization is a policy issue that is of great interest to the Commission and of concern to some States Parties to the drug Conventions. We are also conscious that it is an issue of concern to the International Narcotics Control Board and to the UN Office on Drugs and Crime, as indicated by statements released on June 21. As you know, Canada has briefed the CND and the International Narcotics Control Board on our cannabis policy on several occasions in recent years and, I welcome the opportunity to do so again today.

Canada’s new Cannabis Act will: o restrict youth access to cannabis to protect young people from promotion or enticements to use cannabis o deter criminal activity by imposing serious criminal penalties for those breaking the law, especially those who import or export cannabis, or provide cannabis to youth o protect public health through strict product safety and quality requirements o reduce the burden on the criminal justice system o provide for the legal production of cannabis to reduce illegal activities o allow adults to possess and access regulated, quality controlled legal cannabis; and o enhance public awareness of the health risks associated with cannabis Four additional points about the content of the Act: 1. The Cannabis Act, for the first time, makes it a specific criminal offence to sell cannabis to a minor and creates significant penalties for those who engage young Canadians in cannabisrelated offences. 2. The Act contains strict and specific restrictions on packaging and labeling including strict requirements that packaging be child resistant and tamper evident. 3. The illegal movement of cannabis and cannabis products across international borders will remain a serious criminal offence as it is today. 4. Driving while impaired by cannabis or any other drug is, and will remain, a serious criminal offence. Law enforcement officers across Canada are trained to detect drug-impaired drivers. Madame Chair, having briefly described our new law, let me review some of the reasons why Canada has taken this approach. First, I want to be clear that Canada is undertaking this policy change to better protect the health and safety of Canadians, especially Canadian youth. The reality is that, in Canada at least, our former approach simply did not work. Despite nearly a century of strict criminal prohibition of cannabis, supported by substantial law enforcement resources, cannabis use has become widespread across Canada today and the drug is easily available to Canadian youth and adults alike. In fact, despite prohibition and the threat of criminal sanctions, the rates of cannabis use among Canadian youth are among the highest in the world. One in five Canadian youth aged 15-19, and one in three young adults aged 20-24, report having used cannabis in the past year.

This is the public health and safety problem Canada currently confronts. We are well aware that the health risks associated with cannabis use are particularly acute in young users, and these high rates of use are therefore of concern from a public health perspective. By contrast, we have seen the percentage of youth who use tobacco, which has been available for legal purchase in Canada for decades, drop from 27% in 1985 to 10% in 2015, due to a successful combination of strict regulation and sustained public education about its risks. This is a public health success story, and we have applied these lessons to inform our approach to the legalization and strict regulation of cannabis. Public education and awareness are fundamental to achieving our public health and safety objectives. For this reason, the Government of Canada has made significant investments to ensure that Canadians have access to information to understand the health and safety risks of cannabis use. The total planned investment in cannabis public education, awareness and surveillance is more than $100 million. Since spring 2017, our health ministry has targeted an ongoing public education campaign at parents and youth, using advertising, social media, web content, and articles aimed at helping Canadians learn the facts about cannabis, and also supporting parents to talk with their teens about cannabis use and health effects. Additionally, an evidence-based, public health approach is being taken with respect to the requirements for packaging and labelling of cannabis products to minimize its appeal to children and youth; protect against accidental consumption; and provide consumers with information they need to make informed decisions before using cannabis, including the potential risks and harms of cannabis use. The Cannabis Act includes specific restrictions on packaging and labelling of cannabis products: The packaging and labelling must not appeal to youth. Plain packaging and labelling will be required for all cannabis products. Cannabis packaging must be child-resistant and tamper-evident. These measures will be complemented by the ongoing public education campaign I mentioned a moment ago to educate Canadians, particularly youth and young adults, about health and safety facts about cannabis.

Madame Chair, our Government recognizes that our new approach will result in Canada being in contravention of certain obligations related to cannabis under the UN drug conventions. I want to emphasize that Canada has not taken this decision lightly. We wish to avoid doing any harm to the Conventions, though we recognize the concerns of some delegations that we nevertheless risk doing so, despite our best intentions. Based on extensive public consultations and the available scientific evidence as well as the experiences of other States, we have concluded that legalization and strict regulation is the best framework for Canada to respond to our domestic public health and safety challenges associated with cannabis. I want to be clear that this is strictly a domestic policy decision, designed to respond to current challenges in Canada. We do not advocate cannabis legalization as a solution for others, and we do not intend to legalize any other scheduled drugs. We have been asked whether decriminalizing cannabis, which could have kept us within the bounds of the Conventions, might have been a good alternative to legalization. It is our view that Canada’s challenges could not be solved by decriminalization alone, since it would preserve the illicit market that currently sells cannabis, including to our youth, and provides organized criminal groups with proceeds estimated at about $7 billion a year. CND members will recognize that that level of criminal activity carries with it a host of other social risks. These risks are not acceptable to the Government of Canada. Our experience with medical cannabis, which has been available in Canada for over a decade, has demonstrated that a well-regulated, licensed Canadian industry can produce cannabis products under secure conditions that are of high quality and meet our Government’s rigorous safety standards. In short, we believe we have an opportunity to reduce the role played by the thriving illicit market, with all its associated risks to public health and safety, in favour of a strictly regulated one that, when enforced by appropriate penalties for violations, will enable us to better meet our challenges.

Madame Chair, we know that the success of this policy change will depend upon whether it meets the goals of better restricting youth access to cannabis and displacing organized crime. Our Government is committed to measuring the health and social impacts of our cannabis policies and Canada has, moreover, offered to share outcome data with other CND members.  I would like to reiterate an important point: Canada remains a strong supporter of the international drug control system, as established by the three Conventions. We are committed to finding solutions that promote the health and safety of Canadians, while maintaining the international drug control framework as the foundation for international collaboration on drug policy. We recognize that our treaty partners are pursuing different policy approaches to cannabis, and we do not intend for our system to negatively impact their efforts. Thus, I also want to emphasize that the illegal movement of cannabis and cannabis products across our borders will remain a serious criminal offence under Canadian law. Canadian law enforcement agencies will continue to work with their international partners to combat drug trafficking. In addition, the Government is establishing a Cannabis Tracking System with the purpose of tracking highlevel movements of cannabis throughout the supply chain to help prevent diversion of cannabis – that is, the movement of both legal cannabis to the illegal market and illegal cannabis to the legal market. Any person authorized to conduct activities with cannabis will be required to report into the Cannabis Tracking System. We will continue to work in the CND and with our international partners to advance the objectives of the international drug control framework, including through the exchange of information and intelligence on new and emerging drug threats, sharing expertise on approaches to mitigate the harms of problematic substance use, and supporting capacity-building to combat international drug trafficking.  While our domestic law on cannabis has changed, Canada’s commitment to international cooperation to counter and address the world drug problem has not changed in any way.  I hope that this short briefing on Canada’s new Cannabis Act has been of interest to the Commission, and we look forward to continuing the dialogue on this issue.

Russia: We would like to draw your attention to the dramatic developments in the international drug control policy related to the recent measures taken by the Canadian authorities. Last week the Parliament of Canada adopted by majority vote the legislation on marijuana legalisation. Upon completing final procedures this legal initiative is due to come into force quite soon. When implemented this undertaking will tangibly breach the UN drug control conventions, which as we all know limit the production and use of drugs exclusively to medical and scientific purposes. It is worth recalling that the UN Secretary General’s Commentary of 1973 highlighted this basic principle as one of the most important achievements of the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961.Today the “initiative” of the Canadian side brings this achievement under question. In this regard the International Narcotics Control Board, which is mandated to monitor the compliance of States with their legal drug control obligations, forwarded to the Canadian parliamentarians in April this year a written brief with its assessment of the developments. Then the Board underlined that the bill was incompatible with the treaty obligations which Canada is bound to. The INCB believes that the adoption of the legislation constitutes a fundamental breach of those international treaty provisions that are “absolute and unequivocal in nature”. In its latest statement on this subject dated the 21stJune the Board used even more precise and definitive language: legalization of cannabis constitutes a violation of the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs and undermines the international legal drug control framework. It is worth mentioning in this context that the international community, including Canada, unanimously reaffirmed in the outcome document of the 2016 2 UN General Assembly Special Session on the world drug problem that the UN conventions of 1961, 1971 and 1988 constitute “the cornerstone of the international drug control system”.

The intention of the Canadian authorities to legalize so-called recreational cannabis threatens to shake this cornerstone. It is regrettable that the INCB warnings were totally ignored in Canada. The process of cannabis legalization in Canada is proceeding at full speed. What is more, Canadian authorities frankly acknowledge that the draft law contradicts the UN conventions, but consider it to be admissible. Advocates of the so-called recreational marijuana legalization try to validate their position by Paragraph 1 of the Preamble of the Single Convention of 1961 and argue that this measure will contribute to protecting the health and welfare of people. This argument is completely false and means a switch of the notions. It is for the sake of safeguarding the health and welfare of humankind that the conventional norms were adopted. As for the Canadian initiative, it would by the very meaning of the conventions be detrimental to the health and wellbeing of the humanity. This was reconfirmed by the INCB once again in its statement of the 21st of June. Apparently, it is assumed in Ottawa that this serious violation of the drug control conventions will pass unnoticed by other States Parties to these international treaties. This assumption is absolutely wrong. We need to remind our Canadian counterparts that the above-mentioned conventions constitute the legacy of the entire international community. As the INCB rightly pointed out they are founded upon the principle of common and shared responsibility of their States Parties. Ottawa has no right to make unilateral decisions, which are meant to impact the integrity of the international drug control conventions, and promote a selective approach to their implementation, thus opening the Pandora’s box. If other countries choose to follow the path taken by Canada we will see the international legal drug control regime undergoing deep erosion and potentially being destroyed.

This is totally unacceptable. The intention of the Canadian authorities to legalize drugs is all the more defiant bearing in mind that this country is currently a member of the Commission on Narcotic Drugs. A CND Member State, which by virtue of this status should safeguard the strict adherence to the conventions, is in fact destroying them from inside. We strongly believe that this development, if the new bill enters into force, must become a subject of a thorough scrutiny by our Commission, including during the forthcoming ministerial review of the global drug control situation in 2019. We would like to use this opportunity to express our full support to the strong stance of the INCB that is scrupulous in carrying out its mandate. We would like to underline the importance of responsible and comprehensive instead of selective implementation of the UN conventions by all their parties.

One last point. The Canadian authorities often advocate for a rules-based world order. Regrettably in the drug control matters they are in effect going in the opposite direction by undermining the basic rules, which are of a legally binding nature. We would like to recall once again that in accordance with Article 26 of the Vienna Convention on the Law of Treaties a party to an international treaty must perform its obligations in good faith (pacta sunt servanda). Moreover Article 27 of the same Vienna convention states that “a party cannot invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty”. We call upon our Canadian counterparts to return to the fold of the international law and bring their policy in line with the principles and goals that they declare. As we understand it, the new law is supposed to become operational on 17th October. That means that Canada still has sufficient period of time to reconsider its current policy and to refrain from a gross violation of international law, which may have very destructive implications. We hope that a responsible approach will finally prevail in Ottawa.

USA thanks Canada for the comprehsive explanation and encourages CND members to not single out member states and politicize treaty compliance – we consider it unproductive and distracting from serious serious challenges, such as improving approach to NPS that contribute to 1000s of deaths worldwide. It is up to state parties to interpret convetions and implement them in consultations with the INCB and its members. The USA suggests a brief on national developments during a standalone event outside of CND.

Japan’s perspective is that control conventions are the cornerstones of the international legal frame and in addressing the world drug problem. CND had been aiming at a united response so it is of cruicial importace that each state party implements the conventions in line with the work of INCB.

Kyrgyzstan: In accordance with the 3 conventions, it is our common obligation to limit activities related to drugs. Countries should assure that these activities are punished. We regret the decision of the Canadian government as it undermines the national legal framework of drug control. Despite the fact that Canada is a party to all 3 conventions, they initiated a process that is in breach of them. The free sale of marijuana will lead to drug dependence among young adults and INCB noted that legalization is in contrary to the conventions.

Singapore: INCB and UNODC both issued a statement on the 21st of June to express their concern over the decision of legalization of cannabis for non medical use. This contravenes with the conventions and undermines the legal framework and world order. The 3 conventions are cornerstones and full compliance has been reiterated during recent meetings, joint action plans, etc. All member states reaffirmed collective determination in 2016 and while countries have freedom to legislate in a way that best suit national environments, it has to be within the framework. Some texts are open to interpretation but legalization of recreational use is not one of those. This is a delibareate breach of the conventions and undermines the UN system. We urge member states to comply to our agreements and the international community to uphold the system.

New Zealand: Canada recognizes the availability of illicit cannabis and aimed to distrupt the black market. Their decision has not been taken lightly and they have been consulting for several decades. Our perspective is that Canada is a responsible contributor to the drug control framework and we support a health focus to drugs and are interested to hear about alternative approaches.

Tajikistan: There are serious risks with the non medical use: serious threat to our societies, expecially regarding smuggling of drugs originated from Tajikistan. We are deeply concerned by the circulation of illegal substances and we ratified the conventions with transnational crimes taken into account. We adopted a national strategy 2013-2020 and it is regretfull that some member states adapt laws that deliberately contradict these efforts. Canada’s decision to legalize cannabis is highly alarming, may impair the international work and carry serious national consequences. We remain, more than ever, committed to the conventions and call on the CND to consider this issue seriously.

Netherlands thanks the through brief of Canada. Providing context is essential to fulfil our mandate. We are confident that Canace will continue to monitor the effectiveness of new policies and report on it. With ongoing developments, member states may feel the need to discuss new realities and we stand ready for an open debate. It is a sensitive matter and such debates have key elements: in the Vienna spirit, we don’t support member states being singled out, it is not constructive and it is not useful to focus on treaty compliance. We attach importance to evidence based and well prepares discussions that do not happen in the expense of other important elemtns including human rights issues, access to medicine, law enforcement, etc.

Pakistan: This is a standing item, nothing unusual to discuss this. The conventions are the cornerstones of our work and essential to counter the world drug problem. There were several resolutions where we reiterated the central role of conventions. We have serious concerns in some regions regarding legalization of non medical use. It might impede the effects of our efforts to counter the world drug problem. We urge the commission and INCB to play an active role within their respective mandates to address this.

Syrian Arab Republic shares the concern regarding the violation of the treaties and the collective efforts of 2009. The UNODC and ICNB stated how Canada’s decision is contravening and undermines the status quo. National action should be taken in line with the 3 treaties and member states should be comprehensively abiding to the treaties, no exceptions. We call on Canada to consider the reprecussions of their noncompliance.

Kazakhstan is deeply concerned about cannabis for recreational use. All member states should actively support the implementation of the 3 conventions and only allow scientific and medical use. We also highly support the INCB.

China shares concerns, fully supports UNODC, INCB and their June 21st statement made it clear that this decision is in breach of the conventions that are the cornerstones of the international drug policy framework. According to the latest data, with the decrease in problematic drug is in China, drug control measures are effective and China fears the negative rippel effects of Canada’s decision across the World. China urges all member states to act responsibly, in coherence with international agreements and deeply regrets this decision.

Iran regrets Canada’s decision and warns that domestic legislation should be in line with all the treaties. Any legislative measure allowing the non medical or scientific use of cannabus is incompetible with the treaties and pose serious threat to the international. This decison is against recent consensus in 2016 where the commission unanimously underscored the importance of the treaties. It might carry sersious reprecussions on other states and so this debate is important and should not be labelled as politically motivated.

Belarus: Nonmedical nonscientific use is incompatible with the conventions on which the international community relies on.

Algeria is concerned with the trend of recreational use. Canada’s decision is not consistent with the spirits of the internationally agreed framework. The conventions are the cornerstones of the international drug control system.

Malaysia agrees that the conventions are the cornerstones of the international drug control system and allowing other than medical and scientific use are clear violations. Malaysia calls all member states to adhere to the conventions.

Germany associates with the Dutch statement. Great interest in INCB and not against the debate on legalization of Cannabis but we don not consider this spontaneous peer, review finger-pointing to member states, in line with the Vienna spirit that is focused on cooperation.

France understands the differences in domestic dialogues and is against nonmedical use. Nevertheless, this forum should not serve to single out member states – it is not in line with the Vienna spirit.

Namibia is concerned with the decision of Canada and calls on member states to respect the rules set out by the conventions that are the cornerstones of the international drug control system.

Armenia fully shares Russia’s position.

Canada thanks the comments and is conscious of the strong positions and diverse national circumstances on policies. Canada will report home and is eager to engage more as they always respected the views of colleagues and continoue to do so. Such discussion needs to be carefully prepared for and needs active participation on topics that go beyond the subject explored today.

Russia welcomes the intention of reporting accurately on this discussion, but thinks Canada does not necessarily have a comprehensive understating of the international situation. A number of Canadian senators were concerned with the prospective international response to which the minister’s response was “don’t worry, they will digest everything”. Today’s discussion shwos this might not be entirely correct, which Russia finds very good. Russa can’t believe New Zealand supports the violation of international rules. Russia doesn’t think what is happening is fingerpointing as Canada is singling itself out by refusing to comply. The drug control regime will go into erosion if delegations accept excuses for not complying.

La primera persona con plantas legales de cannabis

México tiene la oportunidad de cambiar el paradigma y su forma de pensar. En vez de ver el tema de los cultivos de cannabis (y amapola) con un estigma, y como algo negativo, podemos verlo como una oportunidad de desarrollo económico en las zonas rurales del país.

Por: Zara Snapp (@zarasnapp)

 

El miércoles 4 de julio fue otro día histórico en la lucha para la reforma de la política de drogas en México. Llegamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con tranquilidad. Lo más probable era que iban a posponer la decisión sobre mi amparo que, junto con dos otros quejosos, buscaba acceso a semillas de cannabis para poder cultivar para consumo personal.

Todo empezó en noviembre de 2015 después del fallo en el caso SMART y vale la pena resaltar que esto no hubiera sido posible sin el trabajo de México Unido Contra la Delincuencia y los abogados en el despacho de Andrés Aguinaco. Ya llevábamos años haciendo cabildeo con legisladores y ellos abrieron el espacio para imaginar esta estrategia. Pasamos por la COFEPRIS desechando la solicitud para cultivar, por el Juez de Distrito que nos concedió el amparo respecto de los artículos reclamados dentro de la Ley General de Salud, auto-impugnamos esa decisión por la falta de claridad sobre cómo conseguir las semillas. Así, finalmente llegamos a la Suprema Corte.

Este es el primer caso sobre cannabis que llega a la Segunda Sala de la Suprema Corte y como esa sala tiende a ser un poco más conservadora, sabíamos que tal vez no lo iban a aprobar. Sorpresa tras sorpresa, primero decidieron resolver el caso ese día y segundo, los cuatro Ministros en la Sala ¡votaron a favor!

En las declaraciones, los Ministros resaltaron que el proyecto reconoce el derecho para cultivar, pero que antes no había una manera legal de ejercer el derecho sin las semillas. Este proyecto especifica la vía de adquisición de las semillas para el derecho concedido y que la autoridad, en este caso COFEPRIS, tiene que asegurar el acceso. Adicionalmente, el Ministro Medina Mora estuvo a favor, pero con reservas, explicando que es importante conocer el efecto práctico y la realidad. Él declaró que este tema no debe ser sobre libertades y para las personas que pueden conseguir amparos, sino que debe ser abordado desde las políticas públicas y el poder legislativo. Él hizo un llamado al Congreso de atender este tema en lo estructural para construir una política pública, porque no es competencia de la Corte imponer un modelo, sino que eso les toca a otros poderes. Medina Mora siguió esta línea hablando de que era hora de pensar en la comercialización y no solo estar beneficiando a los amparados, incluyendo actividades de prevención y cómo asegurar el no dañar a terceros. No podría haber estado más de acuerdo.

Durante este proceso, nuestra meta es y va seguir siendo la jurisprudencia, pero a la vez, estaremos buscando una regulación responsable e integral del mercado de cannabis. México tiene la oportunidad de cambiar el paradigma y su forma de pensar. En vez de ver el tema de los cultivos de cannabis (y amapola) con un estigma, y como algo negativo, podemos verlo como una oportunidad de desarrollo económico en las zonas rurales del país. México ya cultiva cannabis y es momento de reconocer esa realidad y buscar la manera de formalizar ese mercado ilegal, extendiendo derechos y un salario justo a las personas que forman parte de la cadena de producción. Regresemos la dignidad al campo con los cultivos que ya existen.

Mientras CanadáUruguay y nueve estados en Estados Unidos han regulado el mercado de cannabis para uso personal y adulto (y lúdico y recreativo si gustan esos términos), México ha seguido una estrategia con resultados de violencia generalizada, corrupción a todos los niveles y miles de personas desaparecidas que nos hacen mucha falta. No podemos seguir así. Requerimos una estrategia que reconoce los derechos de las personas que usan sustancias y que no los criminalizan, una estrategia que genera orgullo en la producción de estas plantas y una estrategia que usa la reforma de la política de drogas como manera de reparar el daño que la prohibición ha causado durante las últimas décadas.  Estos cambios son posibles y desde el movimiento reformista, estamos listos para poner propuestas en la mesa para trabajar en conjunto con los nuevos gobiernos a nivel local y federal.

¿Y ahora qué sigue?

En la vía jurídica, probablemente este amparo no cuenta para los cinco casos consecutivos que necesitamos para crear jurisprudencia porque lo resolvieron en la Segunda Sala y los otros tres casos anteriores (SMARTUlrich Richter y Rios Piter) fueron resueltos en la Primera Sala.  Entonces tenemos tres casos en una Sala y un caso en la otra.  Seguimos esperando los demás amparos para extender este derecho a todos los adultos mexicanos.  Sin embargo, cuando ya haya cinco casos en total en las dos Salas (es decir, cuando haya uno más en la Primera Sala), los Ministros podrían decidir unir los casos, hacer un proyecto de jurisprudencia y votarlo en el Pleno.  Ya sabemos que los cuatro Ministros en la Segunda Sala están de acuerdo.  Eso nos da mucha esperanza.

Al mismo tiempo, suena como que hay una voluntad política desde el gobierno electo para construir una nueva política de drogas.  Una política que realmente pone en el centro los derechos humanos, la salud pública, la reducción del daño, un reconocimiento de la cultura y el desarrollo de México. Ahora puede ser una carrera para ver quién aborda este tema primero.

Aunque ahora tengo el derecho de cultivar, la lucha está apenas arrancando. La manera en cómo hablamos del tema en mediosla educación que damos a los jóvenes sobre las sustancias psicoactivas, el cómo tratamos a las personas que usan sustancias o que forman parte del mercado, tienen consecuencias. Esto es la base para que existan políticas represivas, que se traducen en una violencia injustificable en el territorio. Mientras vayamos cambiando el discurso, iremos trabajando en proyectos de política pública para crear una regulación dentro de un marco de justicia social, que permita el acceso a productos a quienes lo requieran y apoye a los grupos que han sido vulnerados por la política actual.  Esto no es solo trabajo de los activistas o personas en gobierno, sino de todos nosotros. Les invito a sumar a esta lucha para cambiar el paradigma y construir un México mejor, pasando por una justicia transicional para llegar a la reconciliación y la paz.

 

* Zara Snapp es cofundadora de Instituto RIA (México), integrante del Colectivo Drogas, Política y Cultura, consejera de ReverdeSer Colectivo y asesora internacional con Acción Técnica Social (Colombia). Es autora de Diccionario de Drogas, publicado por Ediciones B en 2015.

“Apoye, No Castigue”: cambiar las políticas de drogas para buscar la paz en México

Desmilitarizar, reparar de daños y dejar de criminalizar usuarios.

ReverdeSer Colectivo

Fotos por Karina Muscarina.

Artículo publicado por VICE México

En diciembre de 2018 se cumplen 12 años de la intensificación de la guerra contra las drogas en nuestro país. La implementación de políticas represivas y de mano dura en materia de drogas han resultado en una espiral de violencia, violaciones a derechos humanos, corrupción e impunidad que forman un ciclo que se alimenta continuamente a sí mismo.

A partir del año 2012, una amplia coalición internacional de organizaciones que trabajamos política de drogas nos apropiamos del Día Internacional Contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas para exigir un cambio en las políticas de drogas alrededor del mundo. Este esfuerzo lo realizamos bajo el paraguas de la campaña “Apoye, No Castigue”, cuyo objetivo es visibilizar los incuantificables deterioros que han generado las políticas de drogas en numerosas comunidades y pueblos a nivel global.

México se encuentra hoy ante la necesidad urgente de implementar políticas de reconciliación social. Necesitamos encontrar las maneras de apoyarnos entre todas y todos para sanar las profundas heridas que cargamos de manera colectiva. Esto solamente lo podremos lograr si podemos distanciarnos de la destructiva lógica de buenos y malos y nos proponemos una mirada de fondo de las complejísimas problemáticas que enfrentamos.

Para romper con este círculo vicioso necesitamos hacer las cosas de manera distinta. La campaña Apoye, No Castigue abre una perspectiva nueva desde la cuál pensar aproximaciones alternativas no solo a las drogas, sino a los estragos negativos que nos han dejado las políticas prohibicionistas.

Las personas que han sido más castigadas deben ser consideradas una prioridad para la reconciliación social. Entre ellas, resulta urgente destacar a las personas usuarias de drogas, las personas que se dedican al narcomenudeo y las personas que se dedican al cultivo y cosecha de plantas ilícitas, en especial cuando son también personas jóvenes, mujeres y/o personas en situación de pobreza.

Por esto, este 26 de se hizo un llamado a la reconstrucción nacional por medio del apoyo a las personas y comunidades que más lo requieren y la desmantelación de las políticas de mano dura que centran su objetivo en el castigo.

1. La reforma integral del sistema nacional de fiscalización de drogas, priorizando el cumplimiento de las responsabilidades internacionales que ha asumido México en materia de derechos humanos por encima de aquellas asumidas en materia de control de drogas;

2. El cese absoluto a la criminalización de las personas que usan y venden drogas y la excarcelación de las personas que se encuentran detenidas por consumo, posesión y narcomenudeo;

3. La desmilitarización absoluta de la seguridad pública en México y el enjuiciamiento a los altos mandos militares responsables de violaciones a los derechos humanos;

4. La reparación de los daños sufridos por las comunidades campesinas que se han dedicado al cultivo y cosecha de plantas actualmente ilícitas, las mujeres encarceladas por delitos relacionados con drogas y las personas víctimas de violaciones a los derechos humanos;

5. La implementación de políticas que permitan reconstruir públicamente los hechos de los últimos doce años para traer a la luz la verdad sobre las violaciones a derechos humanos cometidas en el marco del combate a las drogas.

En este sentido, las aportaciones de ReverdeSer Colectivo a la campaña Apoye, No Castigue 2018 se centraron en dos eventos. El primero fue la Jornada Cultural “Por una política de drogas sin guerra” que se realizó el 6 de junio frente a los Frontones en Ciudad Universitaria. Este evento fue organizado por la Dirección General de Atención a la Comunidad, la Brigada de Política de Drogas del INJUVE y ReverdeSer Colectivo. Te invitamos a ver el video:

La segunda acción fue el Festival “Apoye No Castigue – Contra la Criminalización de las Juventudes” que se llevó a cabo el viernes 29 de junio en el Circo Volador. Este evento fue organizado por la Brigada de Política de Drogas del INJUVE, Estudiantes por una Política Sensata de Drogas y ReverdeSer Colectivo.

La comprensión no es una muestra de debilidad, sino de fortaleza e inteligencia colectiva. Entendernos y apoyarnos es la mejor apuesta que tenemos para dar un giro de 180 grados y comenzar a construir la tan anhelada paz en México.

https://www.vice.com/es_mx/article/j5nq3g/apoye-no-castigue-cambiar-las-politicas-de-drogas-para-buscar-la-paz-en-mexico?utm_source=vicefbmx

Regular todas las sustancias psicoactivas: una propuesta racional

Jun 22 2017, 5:17pm

En vez de seguir en una ruta de criminalización, guerra y violencia, deberíamos buscar la paz, la justicia y un reconocimiento de la realidad.

Por ZARA SNAPP and JORGE HERRERA

Este artículo forma parte de la campaña Apoye. No Castigue que busca visibilizar los abusos y las violaciones a los derechos humanos cometidos en el nombre del combate al narcotráfico, así como difundir de estrategias innovadoras basadas en salud que ayuden a la reforma en la política de drogas. Las opiniones en este artículo son a título de los autores.

El mundo sigue avanzando en la regulación de los mercados de cannabis. Lo hemos visto en Estados Unidos, que ahora tiene nueve estados con cannabis para uso adulto (o recreativo). El gobierno uruguayo ha anunciado que van a empezar a vender cannabis para uso personal en las farmacias en julio. Otros países como Colombia y Jamaica van avanzando en sus modelos de cannabis medicinal. Hasta México pasó una ley, muy débil por cierto, para poder importar y algún día producir productos farmacológicos de cannabis, aunque seguimos en espera de los criterios de la Secretaría de Salud.

Vemos que el mundo está cambiando. Vemos que la regulación puede ser una alternativa a las políticas punitivas basadas en guerra, discriminación y miedo. Sin embargo, seguimos viviendo en un mundo donde hay un escepticismo hacía la mariguana, y ni hablar de otras sustancias. “Lo mío esta bien, pero lo tuyo es malo”. “Esto es mi medicina, es una planta sagrada”. Y está bien. Que cada quien determine qué quiere hacer con su cuerpo y cómo quiere alterar su conciencia, dentro de ciertos límites como no dañar a terceros y no promover el consumo en menores de edad. Hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido el derecho constitucional del consumo de sustancias vinculado a los derechos del libre desarrollo de la personalidad, autodeterminación y libertad individual, todos en relación con el principio de dignidad humana, así como del derecho a la disposición de la salud, con el fallo de noviembre 2015 sobre el cultivo de cannabis para consumo personal.

A veces lo que falta son propuestas más allá del cannabis. Por eso, muchos de nosotros abogamos por una regulación de todas las sustancias, entendiendo que la regulación es la propuesta más sensata, mientras que la idea de poder prohibir el consumo es algo radical que nunca se va lograr. En vez de seguir en una ruta de criminalización, guerra y violencia, buscamos la paz, la justicia y un reconocimiento de la realidad del consumo a través de la regulación.

En nuestra vida cotidiana, los gobiernos y las sociedades regulan productos que conllevan riesgos (veneno, café, alcohol), y conductas que pueden ser peligrosas (manejar coches). Aunque el Estado tiene sus debilidades (y el estado mexicano tienen más aún), es preferible que el estado regule estos riesgos, y no el crimen organizado. Después de años de investigar y estudiar el tema, estamos convencidos que una regulación responsable es la mejor manera de proteger y defender los derechos de las y los usuarios, además de reducir los ingresos del crimen organizado; liberar los recursos gubernamentales que hoy en día se gastan en la erradicación, persecución y encarcelación de personas; y reducir los posibles riesgos del consumo mientras aumentan los posibles beneficios. Por estas razones y muchas más, proponemos lo siguiente en cómo regular las sustancias hoy en día ilícitas.

Cómo regular MDMA para uso adulto o terapéutico:

MDMA o éxtasis es un estimulante que induce una sensación de euforia e intimidad con los demás, aumentando los niveles de serotonina, dopamina y noradenalina. El gobierno de EU lo ilegalizó en 1985 y es una de las sustancias más usadas en los espacios de fiesta u ocio. Según la Encuesta Global de Drogas, 18.8 por ciento de los encuestados (todos usuarios de sustancias legales o ilegales) habían consumido MDMA en el último año. En general, suele ser la sustancia sintética más popular en el mundo, sin altos niveles de toxicidad, ni dependencia o síndrome de abstinencia. Lo más peligroso de consumir MDMA tiende a ser los adulterantes que agregan a la sustancia como metanfetaminas o cafeína. En los casos de sobredosis, normalmente está vinculado a las condiciones de consumo como alta temperatura, no haber tomado suficiente agua o no tener suficiente ventilación. Bajo un modelo regulatorio, estos posibles riesgos podrían disminuir significativamente. Además, según un estudio del Reino Unido de 2009, hay poca evidencia a largo plazo de daño cerebral después de haber consumido MDMA.

Tomando esto en cuenta, sugerimos un modelo de regulación donde una farmacéutica podría producir MDMA en dosis individuales, pero donde uno puede fácilmente solo consumir la mitad. Las distintas dosis podrían estar en los rangos de 40-75 miligramos, 60-90 miligramos, 75-125 miligramos y 110-150 miligramos, dependiendo del tamaño y tolerancia de la persona. Todo en empaques que sean a pruebas de niños. La sustancia podría ser distribuida a través de farmacias, con un registro previo confidencial, después de haber tomado un curso sobre la sustancia, como se debe consumir, y prácticas para mitigar daños y aumentar los beneficios. El curso sirve como una base de conocimiento y cuando la persona lo compra en la farmacia, también le pueden dar un folleto sobre la sustancia. Además, hay mucha utilidad de esta sustancia para un uso terapéutico, especialmente para parejas o personas con condiciones terminales. Actualmente, la organización MAPS en EU está implementando estudios clínicos con el uso de MDMA en la psicoterapia para ayudar con el daño emocional del asalto, guerra, violencia, autismo y trastorno de estrés postraumático.

Como regular LSD para uso adulto y terapéutico:

El LSD forma parte de los alucinógenos y fue sintetizado por Alberto Hoffman en 1938. Fue usada durante varios años por parte de farmacéuticas como una sustancia con uso psiquiátrico hasta que finalmente fue prohibido por los EU en 1968. En México, fue la sustancia sintética más consumida en 2016, según la Encuesta Global de Drogas, con 31.9 por ciento de los encuestados consumiéndola. Igual que el MDMA, el LSD tienen muy bajos niveles de toxicidad y potencial dependencia. Hay vulnerabilidad si una persona tiene posibles problemas de salud mental, pero la sustancia en sí misma tiene bajos riesgos. Otra vez, le peligrosidad de LSD esta en los posibles adulterantes. Mucho del LSD que hoy en día se vende en el mercado es realmente NBOMe, una sustancia sintética con mayores niveles de riesgo, más barato de producir, que puede tener una dosis fatal, y que suele ser mucho más intenso. Con un mercado regulado, podrías imaginar que NBOMe dejaría de existir en el mercado porque se podría asegurar la calidad de la sustancia.

Un mercado regulado implicaría la producción de LSD en farmacéuticas, con venta en farmacias pero donde (otra vez), la o el comprador debería formar parte de un registro previo confidencial, después de haber tomado un curso sobre reducción de riesgos y daños, como aumentar el placer, la importancia de dónde y cómo se va a consumir. El precio sería fijo y sin fines de lucro. El empaque sería a prueba de niños y sin publicidad de cualquier tipo. Las dosis serían individuales con distintas categorías de microgramos (ug) de: 20-75 ug, 50-150 ug, o 150-400 ug dependiendo de la tolerancia y tamaño de la persona. El uso terapéutico también puede ser explorado ya que sabemos con evidencia que tiene un impacto positivo en personas con ansiedad, depresión o para tratamiento de alcoholismo cuando se administra con sesiones de psicoterapia.

Como regular la cocaína para uso adulto:

La cocaína es un alcaloide que actúa como un estimulante para el cerebro. Para poder elaborar la cocaína, se toman las hojas de la planta de coca (que desde hace cientos de años se usa para fines culturales, medicinales y terapéuticos), se transforma en una pasta base, y de ahí, se convierte en clorhidrato de cocaína (el nombre científico).

Mientras que generalmente la pasta base se produce en los campos de cultivo, por agricultores, el segundo proceso requiere de otros componentes químicos, por lo que su elaboración sucede en laboratorios, hoy en día clandestinos. Esto permite que se puedan incluir otro tipo de sustancias, como la cafeína o el polvo de talco, que a veces se utilizan para aumentar su potencia, pero otras veces buscan aumentar su volumen para aumentar el margen de beneficio del vendedor.

Un mercado regulado permitiría la producción de la cocaína en laboratorios farmacéuticos o instituciones de investigación (universidades) que tengan un convenio con el Estado, y por lo tanto, deben apegarse a rigurosos lineamientos de salubridad, para proteger al consumidor. El Estado estaría encargado de su venta en distribuidores especializados. En estos centros, se entregaría información con recomendaciones sobre las dosis, y la mezcla del producto con otras sustancias, permitiendo actividades de reducción de daños y asesoría profesional.

Se ha demostrado que cuando los usuarios están bien informados, entran en un esquema de autorregulación, en el que ellos mismos mantienen un uso moderado, ya que son conscientes de los posibles efectos adversos relacionados con el consumo. La Encuesta Mundial de Drogas indica que el 53% de los consumidores de cocaína en México, consumieron tan solo de 2 a 10 veces en el último año.

La regulación de la cocaína permitiría que el gobierno tuviera control y pudiera fijar los precios del producto, al tiempo que se asegura un ingreso a los agricultores que cultivan y producen la pasta base de la hoja de coca. Los centros especializados para su distribución, con actividades de reducción de daños, protegerían al consumidor a tal grado que permitirían que éste mantuviera un consumo autorregulado.

Como regular opiáceos para uso adulto y medicinal:

Los opiáceos son los alcaloides presentes en la resina de la planta de amapola. Hoy en día, según Naciones Unidas, México es el tercer productor a nivel global en amapola en el mercado ilegal. Se puede consumir opiáceos de muchas formas; algunos menos riesgosos como tomarlos en alcohol, fumar opio o en un té, y otras formas más riesgosas como una inyección de heroína. La forma de consumo tiene mucho que ver con los riesgos asociados con la sustancia.

Se podría plantear un mercado regulado para consumo adulto a través de productos derivados de amapola como té, que podría ser vendido como otros productos parecidos y a la vez, el mercado podría restringir otros productos como pastillas orales con prescripciones. Además, para los usuarios que ya han demostrado su consumo de heroína, se podría implementar un programa parecido a lo que existe en Suiza, donde hay terapia de heroína médica. Las personas que acceden al programa se registran de antemano y tienen la oportunidad de ir a un centro dos veces al día donde les suministran su dosis (la cantidad depende de su consumo), además de ofrecerles los posibles otros medicamentos que requieran. Asimismo, se implementarían programas de intercambios de jeringas, para evitar la transmisión de enfermedades por vía intravenosa. Los beneficios de estos programas han sido reconocido mundialmente, especialmente en su éxito de reducir tasas de VIH y ayudar a los usuarios a acceder a servicios de salud y sociales.

En el movimiento de reforma por una política a las drogas, el reflector ha estado postrado mayoritariamente en la necesidad de regular el mercado del cannabis. Sin embargo, vivimos en un mundo en el que la demanda de sustancias ha marcado con urgencia la obligación del Estado de proteger a los consumidores. Más allá de entrar al debate sobre el derecho a consumir, se trata de asegurar el derecho a la salud. Los gobiernos tienen la oportunidad de comenzar a configurar una política de drogas, desde una perspectiva de salud pública.

Existen alternativas eficientes, novedosas, y basadas en evidencia para la regulación de todas las drogas, que protegen a las y los usuarios, asegurando sustancias de calidad, estableciendo precios fijos y adecuadas al contexto. De esta manera, se evita el continuo enriquecimiento del crimen organizado mientras se implementan programas de reducción de riesgos y daños. Solo así, se podrá estar en control, y se podrá proteger a los ciudadanos de todos los efectos negativos del modelo prohibicionista actual, efectos que generalmente son más dañinos para la humanidad que el consumo mismo de las sustancias.

Zara Snapp es consultora en políticas de drogas y maestra en políticas públicas por la Universidad de Harvard y colaboradora en ReverdeSer Colectivo.

Jorge Herrera es director ejecutivo de Ágora México y internacionalista por el Tec de Monterrey. Colaborador en ReverdeSer Colectivo.

Como parte de la campaña Apoye. No Castigue, el domingo 25 de junio, en el Cine Tonalá, se llevará a cabo un foro sobre reducción de Riesgos y Daños de Espectro Completo para hacer un llamado a reformar la política de drogas. Conoce toda la información acá.

Temen políticos analizar legalización: Snapp

Los políticos en México no están listos para proponer y analizar una posible legalización de las drogas, pues tienen miedo, expresó Zara Snapp, politóloga de la Universidad de Colorado con una maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Harvard

Antonio Olazábal 

03/05/2017 | 04:00 AM

Los políticos en México no están listos para proponer y analizar una posible legalización de las drogas, pues tienen miedo, expresó Zara Snapp, politóloga de la Universidad de Colorado con una maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Harvard.

Durante su participación en Motivos para la Paz, Zara Snapp señaló que México tiene que aceptar la realidad en la que está sumergido en lo que a la problemática de las drogas se refiere.

En su conferencia “Políticas de Drogas en el Mundo”, la veracruzana señaló que el Gobierno mexicano debe de tomar las riendas del tránsito y comercio de las drogas en el País, y no el crimen organizado, dado que este último no tiene ninguna obligación social e institucional con el País.

“Porque del Gobierno sí podemos exigir rendición de cuentas, transparencia, información… queremos construir instituciones más fuertes, eso no lo podemos hacer con el crimen organizado, y por eso es cambiar de paradigmas, hacia dónde podemos apostar… Los políticos no están listos para proponer, y tienen mucho miedo”, opinó.

Añadió que en el País se han tomado decisiones en torno a las drogas que no han beneficiado ni a la economía, ni en bajar los índices de violencia, dado que el camino que se ha tomado es el de la prohibición, sin embargo ese camino no es acorde a la realidad que viven México y Latinoamérica, dado que el consumo y producción no ha disminuido en el mundo.

“México tiene que partir desde la realidad, producimos cannabis, amapola, la cocaína transita por el País, ¿qué es lo que vamos a hacer entiendo que no hemos tenido ni un resultado en bajar los consumos en Estados Unidos y Europa?”, detalló.

“Colombia va a seguir cultivando hoja de coca, y haciendo cocaína que va a ir a los Estados Unidos, México va a seguir cultivando amapola y va a ir a los Estados Unidos, ¿qué vamos a hacer con eso?”, profundizó.

Así son los usuarios de sustancias ilícitas: Recreativos y responsables

Por: Zara Snapp (@zarasnapp) y Jorge Herrera (@jorgherrerav)

¿Qué es ser un usuario responsable de sustancias en México? De acuerdo con la Encuesta Global sobre Drogas, el mayor riesgo de consumir sustancias ilícitas en este país es tener contacto con las autoridades policiales y no tanto el consumo en sí mismo.

http://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2017/05/30/asi-los-usuarios-sustancias-ilicitas/

¿Crees que la mayoría de los usuarios de sustancias ilícitas tienen un uso problemático? Aunque los medios y las autoridades promueven una imagen de usuarios que requieren tratamiento y que no puede sostener una vida funcional, los datos demuestran algo distinto. Claro, también depende de qué sustancia y bajo qué condiciones lo estás consumiendo. Nuevos datos de una encuesta global de drogas nos permite explorar qué es ser un usuario responsable de sustancias. También nos demuestra que para muchos, el mayor riesgo de consumir sustancias ilícitas es tener contacto con las autoridades policiales y no tanto el consumo en si mismo.

Estamos viendo tendencias entre personas jóvenes (de 20 a 35 años de edad) de consumir sustancias por el puro placer y no por alguna dependencia. Esta nueva generación de consumo responsable exige mayor información, una seguridad sobre el origen de las sustancias y practicas de reducción de riesgos y daños, pero no tratamiento. Lo anterior, nos lleva a saber que la regulación de los mercados de sustancias es el futuro, no la prohibición.

Cada año, se aplica la Encuesta Global sobre Drogas (Global Drug Survey, GDS en ingles), con más de 119,00 personas participando a nivel mundial. En México participaron 1,300 personas que se identificaron como personas que consumen sustancias psicoactivas legales e ilegales. La encuesta no busca la prevalencia de consumo en un país, como es la Encuesta Nacional de Adicciones del CONADIC, pero si busca obtener datos para explorar los diversos impactos en al salud que tiene el consumo de sustancias. La encuesta demuestra las dinámicas del consumo desde la perspectiva de los usuarios y nos da información importante sobre una muestra de usuarios en el mundo.

El 50 % de las respuestas fueron de jóvenes menores de 25 años, 64.5 por ciento del total, tenían un trabajo pagado, y el 47.5 por ciento indicó estar estudiando de tiempo parcial o complete. Aunque esta es una muestra pequeña de los usuarios en en total México, nos da importantes datos sobre una población que normalmente es ignorada por las autoridades en sus campañas de información, intervenciones o encuestas nacionales. La mayoría de la gente que responde la encuesta suele ser joven, con un empleo y con más educación que la población en general. El hecho de que la encuesta se hace a través del internet, también crea una muestra no representativa de la población en general.

Alcohol, cannabis y tabaco encabezaron la lista de la prevalencia del uso de sustancias durante el ultimo año, seguido de las bebidas energizantes, el LSD y la cocaína. El uso de MDMA es mayor que el del tabaco para shisha y los hongos mágicos o alucinógenos. Algunas de estas sustancias como el MDMA, el LDS y la cocaína, generalmente son usadas en ambientes de fiesta. Sin embargo, de los 10,000 que consumieron hongos en el último año a nivel mundial, solo el 0.2 por ciento reportaron buscar tratamiento médico de emergencia. Los hongos mágicos fueron la droga más segura en estos términos, en la encuesta, y la cifra es considerablemente más baja que con el LSD.

Asimismo, la mayor parte de los usuarios de LSD reportaron haberlo probado por primera vez, en un ambiente con amigos cercanos. Los bajos índices de tratamiento médico de emergencia y los ambientes de consumo mencionados hacen posible observar que los consumidores de hoy en día son más conscientes sobre el uso de las sustancias, las dosis recomendadas, las prácticas de reducción de riesgos y daños aplicables, y los espacios de consumo.

Respecto al uso de la cocaína, el 53 por ciento indicó haber consumido solo de 2 a 10 días durante el último año, y con un promedio de medio gramo utilizado por sesión, es una cifra tan baja que solo se encuentra por encima de Noruega. Esto indica que el uso es principalmente recreativo, y personal, considerando que se consume en temporalidades espaciadas y bajas, y con prácticas responsables con un bajo gramaje de consumo. Asimismo, los usuarios de cocaína tampoco representan un problema en términos de haber requerido tratamiento médico de emergencia, como se puede ver en la siguiente gráfica:

La política permisiva de la posesión de sustancias, la ilegalidad para obtenerlas y la criminalización a consumidores es un tema característico de la política de drogas en México, y la encuesta permite entender algunas cosas. La probabilidad de que los usuarios se enfrenten a la policía en relación con su consumo de drogas varió significativamente en todo el mundo, y México estuvo por encima del promedio mundial, y solo un 5 por ciento debajo de Estados Unidos. Esto puede llevar a problemas considerables, como la corrupción, ya que se ha indicado que el 30 % de los mexicanos encuestados han ofrecido dinero a las autoridades para evitar una sanción.

Estas prácticas, y el endurecimiento de la ley, no solo tienen un impacto en la corrupción del país, sino en las características de las detenciones también. Considerando que el 71 % de los hombres y el 64 % de las mujeres que han sido detenidos por la autoridad no tienen estudios universitarios, y más del 50 % de estos grupos son menores de 25 años, se puede ver que existe una disparidad en detenciones por la edad y el nivel socioeconómico, afectando mayoritariamente a los jóvenes en un estrato social bajo. Si el Estado regulara el mercado de las drogas, los consumidores no tendrían que recurrir al crimen organizado, los usuarios no serían molestados por los policías, y disminuiría la corrupción de bajo nivel en el país.

El gobierno mexicano no ha sacado nuevos datos sobre la prevalencia del consumo en México desde 2011, cuando compartió que solo el 1.5 por ciento de la población total de 12-65 años había consumido una sustancia ilegal en el último año.[1] Probablemente este número es más bajo que la realidad por varias razones: la encuesta se aplica por casas y las personas no quieren compartir su consumo con sus familiares y porque hay un estigma en hablar del consumo con las autoridades. Sin embargo, solo el 1.2 % admitió haber consumido marihuana y el 0.5 por ciento cocaína. El consumo de otras sustancias como alucinógenos y estimulantes serán menos del 0.2 por ciento.[2] La falta de datos por parte del gobierno hace que encuestas como el Global Drug Survey nos dan datos importantes de una población invisible.

No todos en este grupo de usuarios de sustancias psicoactivas quieren estar en la ilegalidad. En realidad y desde nuestra experiencia de trabajar en la temática, la mayoría de la gente quiere algunas cosas puntuales: saber lo que están consumiendo, tener mayor información sobre reducción de riesgos y mitigación de daños, y tener un acceso seguro a través de mercados regulados. Sabiendo que la mayoría de los usuarios en el mundo, y también en México, son responsables, la respuesta tiene que ser una regulación comprensiva, basada en los derechos humanos, en la reducción de riesgos y en la justicia social. La exigencia sigue y los datos nos demuestran la realidad.

Aquí pueden ver los resultados de la encuesta a nivel global.

* Zara Snapp es consultora en políticas de drogas y maestra en políticas públicas por la Universidad de Harvard. Jorge Herrera es director ejecutivo de Ágora México y internacionalista por el Tec de Monterrey.

[1]Encuesta Nacional de Adicciones 2011, consumo drogas: Prevalencias, tendencias y variaciones regionales. Consultado aquí.

[2] Encuesta Nacional de Adicciones 2011, consumo drogas: Prevalencias, tendencias y variaciones regionales. Consultado aquí.