Por: Zara Snapp (@zarasnapp)

El miércoles 4 de julio fue otro día histórico en la lucha para la reforma de la política de drogas en México. Llegamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con tranquilidad. Lo más probable era que iban a posponer la decisión sobre mi amparo que, junto con dos otros quejosos, buscaba acceso a semillas de cannabis para poder cultivar para consumo personal.

Todo empezó en noviembre de 2015 después del fallo en el caso SMART y vale la pena resaltar que esto no hubiera sido posible sin el trabajo de México Unido Contra la Delincuencia y los abogados en el despacho de Andrés Aguinaco. Ya llevábamos años haciendo cabildeo con legisladores y ellos abrieron el espacio para imaginar esta estrategia. Pasamos por la COFEPRIS desechando la solicitud para cultivar, por el Juez de Distrito que nos concedió el amparo respecto de los artículos reclamados dentro de la Ley General de Salud, auto-impugnamos esa decisión por la falta de claridad sobre cómo conseguir las semillas. Así, finalmente llegamos a la Suprema Corte.

Este es el primer caso sobre cannabis que llega a la Segunda Sala de la Suprema Corte y como esa sala tiende a ser un poco más conservadora, sabíamos que tal vez no lo iban a aprobar. Sorpresa tras sorpresa, primero decidieron resolver el caso ese día y segundo, los cuatro Ministros en la Sala ¡votaron a favor!

En las declaraciones, los Ministros resaltaron que el proyecto reconoce el derecho para cultivar, pero que antes no había una manera legal de ejercer el derecho sin las semillas. Este proyecto especifica la vía de adquisición de las semillas para el derecho concedido y que la autoridad, en este caso COFEPRIS, tiene que asegurar el acceso. Adicionalmente, el Ministro Medina Mora estuvo a favor, pero con reservas, explicando que es importante conocer el efecto práctico y la realidad. Él declaró que este tema no debe ser sobre libertades y para las personas que pueden conseguir amparos, sino que debe ser abordado desde las políticas públicas y el poder legislativo. Él hizo un llamado al Congreso de atender este tema en lo estructural para construir una política pública, porque no es competencia de la Corte imponer un modelo, sino que eso les toca a otros poderes. Medina Mora siguió esta línea hablando de que era hora de pensar en la comercialización y no solo estar beneficiando a los amparados, incluyendo actividades de prevención y cómo asegurar el no dañar a terceros. No podría haber estado más de acuerdo.

Durante este proceso, nuestra meta es y va seguir siendo la jurisprudencia, pero a la vez, estaremos buscando una regulación responsable e integral del mercado de cannabis. México tiene la oportunidad de cambiar el paradigma y su forma de pensar. En vez de ver el tema de los cultivos de cannabis (y amapola) con un estigma, y como algo negativo, podemos verlo como una oportunidad de desarrollo económico en las zonas rurales del país. México ya cultiva cannabis y es momento de reconocer esa realidad y buscar la manera de formalizar ese mercado ilegal, extendiendo derechos y un salario justo a las personas que forman parte de la cadena de producción. Regresemos la dignidad al campo con los cultivos que ya existen.

Mientras Canadá, Uruguay y nueve estados en Estados Unidos han regulado el mercado de cannabis para uso personal y adulto (y lúdico y recreativo si gustan esos términos), México ha seguido una estrategia con resultados de violencia generalizada, corrupción a todos los niveles y miles de personas desaparecidas que nos hacen mucha falta. No podemos seguir así. Requerimos una estrategia que reconoce los derechos de las personas que usan sustancias y que no los criminalizan, una estrategia que genera orgullo en la producción de estas plantas y una estrategia que usa la reforma de la política de drogas como manera de reparar el daño que la prohibición ha causado durante las últimas décadas.  Estos cambios son posibles y desde el movimiento reformista, estamos listos para poner propuestas en la mesa para trabajar en conjunto con los nuevos gobiernos a nivel local y federal.

¿Y ahora qué sigue?

En la vía jurídica, probablemente este amparo no cuenta para los cinco casos consecutivos que necesitamos para crear jurisprudencia porque lo resolvieron en la Segunda Sala y los otros tres casos anteriores (SMART, Ulrich Richter y Rios Piter) fueron resueltos en la Primera Sala.  Entonces tenemos tres casos en una Sala y un caso en la otra.  Seguimos esperando los demás amparos para extender este derecho a todos los adultos mexicanos.  Sin embargo, cuando ya haya cinco casos en total en las dos Salas (es decir, cuando haya uno más en la Primera Sala), los Ministros podrían decidir unir los casos, hacer un proyecto de jurisprudencia y votarlo en el Pleno.  Ya sabemos que los cuatro Ministros en la Segunda Sala están de acuerdo.  Eso nos da mucha esperanza.

Al mismo tiempo, suena como que hay una voluntad política desde el gobierno electo para construir una nueva política de drogas.  Una política que realmente pone en el centro los derechos humanos, la salud pública, la reducción del daño, un reconocimiento de la cultura y el desarrollo de México. Ahora puede ser una carrera para ver quién aborda este tema primero.

Aunque ahora tengo el derecho de cultivar, la lucha está apenas arrancando. La manera en cómo hablamos del tema en medios, la educación que damos a los jóvenes sobre las sustancias psicoactivas, el cómo tratamos a las personas que usan sustancias o que forman parte del mercado, tienen consecuencias. Esto es la base para que existan políticas represivas, que se traducen en una violencia injustificable en el territorio. Mientras vayamos cambiando el discurso, iremos trabajando en proyectos de política pública para crear una regulación dentro de un marco de justicia social, que permita el acceso a productos a quienes lo requieran y apoye a los grupos que han sido vulnerados por la política actual.  Esto no es solo trabajo de los activistas o personas en gobierno, sino de todos nosotros. Les invito a sumar a esta lucha para cambiar el paradigma y construir un México mejor, pasando por una justicia transicional para llegar a la reconciliación y la paz.

* Zara Snapp es cofundadora de Instituto RIA (México), integrante del Colectivo Drogas, Política y Cultura, consejera de ReverdeSer Colectivo y asesora internacional con Acción Técnica Social (Colombia). Es autora de Diccionario de Drogas, publicado por Ediciones B en 2015.