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La Cofepris empantana mariguana recreativa-

Ha desechado o dejado en blanco la mayoría de los recursos para consumo lúdico y por tanto no hay motivos para solicitar un amparo, aseveran solicitantes

04/11/2016 05:46  CLAUDIA SOLERA 

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CIUDAD DE MÉXICO.

La Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) violó la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, evitando que más personas se ampararan  para usar de manera recreativa la mariguana, de acuerdo con Sergio Leyva, presidente del movimiento juvenil del PRD y con el abogado Andrés Aguinaco.

Esta institución incumplió sus funciones al no responder la solicitud de Sergio
Leyva  para la autorización del consumo de mariguana y a Andrés Aguinaco, a quien le regresó la respuesta fuera de tiempo.

La Cofepris desechó o dejó de responder las casi 300 solicitudes que ha recibido en un año para impedir que se volviera a aplicar la estrategia de los cuatro integrantes de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (Smart), quienes argumentaron la violación  de sus derechos humanos por coartar su libertad.

Las solicitudes que desechó, como por ejemplo las diez que Andrés Aguinaco ingresó, esta vez no las respondió con los artículos prohibicionistas de la Ley General de Salud 235,  237, 245, 247 y 248, como lo hiciera en el caso SMART.

Ni siquiera Andrés Aguinaco, uno de los creadores de la estrategia SMART, logró obtener otro amparo para el uso lúdico y recreativo de la mariguana.

“Cuando metí las solicitudes de consumo de mariguana de la SMART hace tres años, Cofepris me respondió y me negó el permiso en menos de tres meses, porque en esa época no estaba prevenida de que venía un litigio estratégico en su contra. Contestó lo que tenían que contestar, que no estaba autorizado, que no nos podía dar esa licencia, porque la Ley General de Salud prohíbe todos los usos del cannabis”, aseguró Aguinaco.

Con este antecedente, la Cofepris actuó para que su respuesta no se convirtiera en la base de una oleada de amparos en la Corte y prefirió dejar sin una contestación a 47 de las 52 solicitudes que envió el movimiento juvenil del PRD, violando el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, donde se estipula que cualquier dependencia u organismo descentralizado no podrá exceder de tres meses la resolución de cualquier petición ciudadana y en caso de hacerlo, el funcionario involucrado será destituido o inhabilitado.

“Cofepris trató de asegurar, mediante esta respuesta, que como las solicitudes de consumo personal que ingresamos no se autorizaron ni se negaron o las dejó en blanco, entonces no pudiéramos impugnar los artículos de la política prohibicionista ni llegar a la Corte”, explicó Aguinaco.

Violaciones

Ante esta falta por parte de Cofepris, Sergio Leyva, secretario nacional del movimiento juvenil del PRD, demandará a la institución por violar sus derechos de petición.

“Estamos convocando a todos los solicitantes del PRD que se reúnan el próximo 7 de noviembre en las instalaciones de la Cofepris para clausurar el edificio simbólicamente e interponer una denuncia ante el Órgano Interno de Control por esta omisión y para exigir la renuncia de los funcionarios involucrados”, aseguró Abraham Rojas Martínez, secretario técnico de las juventudes de izquierda del PRD.

Entre las 47 solicitudes del PRD que se quedaron sin respuesta estaban precisamente las de Sergio Leyva y las de Abraham Rojas, quienes las llevaron personalmente a las instalaciones de la Cofepris hace casi un año y se las entregaron en sus manos al entonces coordinador de asesores, Patricio Enrique Caso.

Excélsior preguntó a la Cofepris cuál era el motivo para haber dejado la solicitudes sin respuesta y culpó a los ciudadanos de haber ingresado documentos con información incompleta o haber abandonado o haber dejado de lado su propio trámite.

“Nosotros jamás pudimos haber abandonado el trámite, porque para abandonarlo hubiera sido necesario que respondieran algo y nosotros no seguir esa contestación, pero jamás volvimos a tener noticias de la Cofepris. También es una mentira que las solicitudes llegaran incompletas si las elaboramos casi idénticas a las del caso SMART y hasta integramos un punto qué ellos no habían tocado, el permiso para importar las semillas de mariguana”, aclaró Abraham Rojas del PRD.

En el caso de las diez solicitudes que Andrés Aguinaco ingresó, la Cofepris también excedió el plazo de tres meses para resolverlas, sólo que en lugar de negarle la autorización de uso de cannabis como lo hiciera en 2013 con las cuatro de los integrantes de la SMART, esta vez las desechó y no negó la autorización para cerrar el paso a cualquier tipo de amparo.

“La Cofepris no contestó en tiempo y tampoco tuvo ningún recato en violar la ley. Para nosotros es evidente que quiere empantanar y obstruir todos los juicios de amparo de uso personal, porque según ellos no tienen la facultad para negar los permisos de consumo de mariguana, prácticamente están diciendo que le pedimos a la autoridad equivocada. Es como si hubiéramos llegado a solicitar una licencia de matrimonio”, argumentó Aguinaco.

Además, en el informe justificado que envió a Andrés, junto con las solicitudes que desechó, la Cofepris, representada en ese documento por Itzel Karym Vargas Robledo, se equivocó en una cifra al argumentar que  7% del total de causas de fallecimientos de las personas en México “eran atribuibles al consumo de dicha droga (la mariguana)”, dato imposible, pues ni la ingesta elevada de alcohol, que es una droga legal y la más consumida del mundo, ha alcanzado ese porcentaje de muertes a nivel internacional, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, que es de 5.9 por ciento.

Los rostros

Desde un inicio, Andrés Aguinaco y sus otros dos compañeros de clase del ITAM, con los que ideó esta estrategia legal sobre el consumo lúdico de la mariguana, sabían que conseguir el amparo para los integrantes  de la SMART era insuficiente para modificar la política prohibicionista de drogas desde el Poder Judicial; al menos necesitaban otros cuatro casos más para obligar a los jueces del país a otorgar más permisos en esa misma dirección.

“Inmediatamente después del 4 de noviembre, nos dimos cuenta que necesitábamos llegar a más de cinco casos para la jurisprudencia. Entonces, nosotros teníamos que replicar la estrategia cuatro veces más para que esto fuera vinculante. Y pensábamos que si lográbamos las cinco íbamos a obligar al Congreso de la Unión a legislar en esa materia”, comentó .

Por eso, ni siquiera habían transcurrido dos semanas de que los ministros de la Corte votaran a favor del consumo lúdico de mariguana para los integrantes de la SMART, cuando Andrés ya estaba trabajando en replicar su hazaña con otros diez quejosos y tratando de anticiparse a los aficionados que quisieran seguir su ejemplo.

“Nosotros queríamos ser de los primeros en llegar, para asegurarnos que así hubiera cierto control de calidad en los juicios, porque no sabíamos si otros solicitantes iban a llegar solos o a ser representados por alguien. Para que te des una idea, la Corte resolvió el 4 de noviembre y todas las solicitudes de nuestro grupo fueron presentadas ante la Cofepris entre el 11 y 13 de noviembre”, comentó.

Andrés buscó de inmediato a diez mexicanos con un currículum ejemplar y que aceptaran ser parte de esta estrategia legal.

Algunas de las personalidades que pertenecen a este grupo son: Josefina Santacruz, catalogada por Larousse como una de las 20 mejores chefs del país; la neurobióloga Herminia Pasantes, de 79 años, ganadora del Premio UNAM en Investigación en Ciencias Naturales; los consejeros de México Unido Contra la Delincuencia Francisco Javier Mancera, de la Universidad de Georgetown, y Fernando Ramos, así como Cecilia Autrique, doctora en historia por la UNAM; Aram Barra, maestro en política y administración pública por New York University y University College London y Zara Snapp, Oficial de Política y Comunicación de la Comisión Global sobre Políticas de Drogas y maestra en Políticas Públicas por Harvard.

“A los quejosos que representamos nos aseguramos que aceptaran ya sea, porque estaban interesados en el uso de la planta, o bien, porque estaban interesados en cambiar la política Nacional de Drogas”, afirmó Aguinaco.

Aram Barra y Zara Snapp, por ejemplo, son unos luchadores incansables a nivel nacional e internacional en contra de la política de drogas prohibicionista que va encaminada hacia la guerra, pero también son abiertamente consumidores de mariguana.

“La idea es seguir presionando bajo la misma línea y que se abra el debate de la despenalización de la mariguana”, aseguró Aram.

Zara Snapp ha trabajado a lado de personalidades como el expresidente colombiano César Gaviria, quien pasara a la historia por la captura del narco Pablo Escobar, intentando cambiar la política prohibicionista de drogas.

Esta autora del Diccionario de Drogas, de Ediciones B, aseguró que el uso de la mariguana no era algo que la definiera. Simplemente aceptó que fuma mariguana, porque el consumo de cannabis era algo que le funcionaba mejor que el alcohol en espacios sociales.

“Yo no me siento tan juzgada por mi consumo de mariguana, porque trabajo con estos temas, como consultora de política de drogas, y sinceramente mi mamá ya sabe, entonces quién más me podría juzgar, mi familia está muy orgullosa del trabajo que puedo hacer y de mi maestría en Harvard. De cierta forma, ya he legalizado mi consumo dentro de mi comunidad y dentro de mi familia y eso es un paso importante, porque para mí eso funciona”, concluyó Zara Snapp.

Así que ella, jamás imaginó la Cofepris iba a ser tan dura, al desechar su solicitud para consumir mariguana.

“Estamos un poco decepcionados, porque no están haciendo un trabajo de burócratas, como lo deberían de hacer. Lo que sí han hecho, es que dejaron pasar un solo caso, que es del abogado del exgobernador de Humberto Moreira, Ulrich Richter. Eso nos dice que tal vez el gobierno está intentando jugar de una manera sucia, porque nuestras solicitudes las está desechando, pero dejando pasar una a la Corte, al negársela, pero de alguien cercano al PRI”, reprochó

Regulando Amapola en México

Durante las últimas dos semanas, el debate sobre la regulación de amapola se ha ido calentando.  Sin duda, hay una necesidad de abordar el tema como manera de enfrentar la violencia en Guerrero, integrar campesinos en la economía formal y asegurar acceso a medicinas derivadas de amapola para cualquier mexicano que lo necesita.
Opiniones encontradas con José Buendía: 

Publimetro: Regulación de amapola complementa iniciativa sobre cannabis

Alrededor de 19 países en el mundo producen opio legal

Los medicamentos con estricto de cannabis estarán regulados a controles sanitarios

Los medicamentos con estricto de cannabis estarán regulados a controles sanitarios

cuartoscuro/archivo

La regulación de la amapola es algo que complementa las iniciativas sobre cannabis. Sin embargo, se trata de propuestas muy distintas, señaló Zara Snapp, representante de la Comisión Global de Política de Drogas en México.

Passing through Checkpoints

As activists, we talk about the war on drugs on a daily basis. But you don’t really feel like you are in a state of war until you see the military on the streets, until you have to pass through a checkpoint. One of the scariest parts of these checkpoints is that you are never completely sure who is in charge. This insecurity permeates all parts of life and makes you dislike the military, or the state police, or whoever is forcing you to go through the checkpoint. This does not bode well for confidence in government institutions.

In Veracruz, where I’m from, my friends and family go through checkpoints on a daily basis. They have become accustomed to them. I visit on a monthly basis and I still get nervous going through them—even when I have no reason to feel this way. And the checkpoints have been changing as the political environment has changed.

Under the administration of former president Calderon, checkpoints were heavily guarded, you never knew where they were going to turn up. Rifles were aimed at you as you passed through, faces were covered. We were in a state of war.

As that government left and the new administration, led by Peña-Nieto has taken over, there has been a marked difference. A few months ago, we passed through the checkpoint and no one was there. It almost felt scarier to not having anyone guarding the post. It made you wonder where they were, if they were chasing someone, or if they would jump out from the jungle.

And now, they wave you through the checkpoint using a flashlight.

It has become clear that Peña-Nieto will not be using the same war rhetoric, but at the same time, the statistics paint a story that is very similar to that of the previous government. Drug-war related deaths still remain high. Human rights violations by the government are still occurring. Citizens are arming themselves as vigilantes because there is a lack of government presence. All of this does not bode well. Although some might think that Mexico is on the road to recovery, it will take much more to get us to a place where access to justice increased and people feel safe traveling across the country. Organized crime continues to have a stranglehold on our country and it will be up to civil society organizations, along with concrete policies to begin to turn that around.